October 6, 2022
El doctor Nelson Onaro admitió el verano pasado que había escrito recetas ilegales, aunque dijo

El doctor Nelson Onaro admitió el verano pasado que había escrito recetas ilegales, aunque dijo que solo pensaba en sus pacientes. Desde una pequeña clínica en Oklahoma, repartió cientos de pastillas de opioides y docenas de parches de fentanilo sin un propósito médico legítimo.

“Esos medicamentos fueron recetados para ayudar a mis pacientes, desde mi propio punto de vista”, dijo Onaro en la corte, mientras, a regañadientes, se declaraba culpable de seis cargos de tráfico de drogas. Al confesar, podría haber recibido una sentencia reducida de tres años o menos en prisión.

Pero Onaro cambió de opinión en julio. En los días previos a su sentencia, le pidió a un juez federal que desestimara su acuerdo de culpabilidad, enviando su caso a juicio. Para tener la oportunidad de ser exonerado, enfrentaría cuatro veces más cargos y la posibilidad de una sentencia más severa.

¿Por qué correr el riesgo? Un fallo de la Corte Suprema ha elevado el umbral para condenar en casos como el de Onaro. En una decisión de junio, el tribunal dijo que los fiscales no solo deben probar que una receta no estaba médicamente justificada sino también que el que la escribió sabía del riesgo.

De repente, el estado mental de Onaro tiene más peso en la corte. Los fiscales no se han opuesto a que el médico retire su declaración de culpabilidad de la mayoría de los cargos, admitiendo en una presentación judicial que enfrenta “un cálculo legal diferente” después de la decisión de la Corte Suprema.

El fallo unánime de la Corte complica los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para responsabilizar penalmente a los que recetan de manera irresponsable por alimentar la crisis de opioides.

Antes, los tribunales inferiores no habían considerado la intención del que recetaba. Hasta ahora, los médicos enjuiciados en gran medida no podían defenderse argumentando que estaban actuando de buena fe cuando emitían recetas incorrectas. Ahora pueden, aunque no es necesariamente una garantía para salir de la cárcel, dicen los abogados.

“Esencialmente, a los médicos se los esposaba”, dijo Zach Enlow, abogado de Onaro. “Ahora pueden quitarse las esposas. Pero eso no significa que van a ganar la pelea”.

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La decisión de la Corte Suprema en Ruan vs. Estados Unidos, emitida el 27 de junio, fue eclipsada por la controversia nacional tres días antes, cuando el tribunal anuló los derechos federales del aborto.

Pero el fallo, menos conocido ahora, se está filtrando en silencio a través de los tribunales federales, fortaleciendo a los acusados ​​en los casos de abuso de recetas y puede tener un efecto escalofriante en futuros juicios a médicos bajo el Controlled Substance Act.

En los tres meses desde que se emitió, la decisión de Ruan se ha invocado en al menos 15 juicios en curso en 10 estados, según una revisión de KHN de los registros de la corte federal.

Los médicos citaron la decisión en las apelaciones posteriores a la condena, las mociones para absoluciones, nuevos juicios, reversiones de culpabilidad y un intento fallido de excluir el testimonio de un experto en prescripciones, argumentando que su opinión ahora era irrelevante. Otros acusados ​​han solicitado con éxito retrasar sus casos para que la decisión de Ruan pueda verse utilizarse en sus argumentos en los próximos juicios o audiencias de sentencia.

David Rivera, ex fiscal estadounidense de la era Obama, quien lideró juicios sobre abuso de prescripciones en Tennessee, dijo que cree que los médicos tienen una “gran oportunidad” de anular las condenas si se les prohibió discutir una defensa de buena fe o se instruyó a un jurado que ignorara este argumento.

Rivera dijo que los acusados ​​que movilizaban cientos de miles de pastillas aún serían condenados, incluso si finalmente se requiriera un segundo juicio. Pero la Corte Suprema ha extendido un “salvavidas” a un grupo pequeño de acusados ​​que “dispensaron con su corazón, no con su mente”, dijo.

“Lo que la Corte Suprema está tratando de hacer es dividir entre un médico malo y una persona que podría tener una licencia para practicar la medicina pero que no actúa como médico y es un traficante de drogas”, dijo Rivera. “Un médico que actúa bajo una creencia sinceramente sostenida de que está haciendo lo correcto, incluso si puede ser horrible en su trabajo y no se le deben confiar vidas, incluso eso no es criminal”.

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La decisión de Ruan fue el resultado de las apelaciones de dos médicos, Xiulu Ruan y Shakeel Kahn, quienes fueron condenados por separado por recetar píldoras en Alabama y Wyoming, respectivamente, y sentenciados a 21 y 25 años de prisión. En ambos casos, los fiscales se basaron en una táctica común para mostrar que las recetas eran un delito: los testigos expertos revisaron las recetas de los acusados ​​y testificaron que estaban fuera de lugar con lo que un médico razonable haría.

Pero al escribir la opinión de la Corte Suprema, el entonces juez Stephen Breyer insistió en que la carga de la prueba no debería ser tan simple de superar, devolviendo ambas condenas a los tribunales inferiores para su reconsideración.

Debido a que a los médicos se les permite, y se espera, que distribuyan drogas, escribió Breyer, los fiscales no solo deben demostrar que escribieron recetas sin propósito médico, sino que también lo hicieron “a sabiendas o intencionalmente”. De lo contrario, los tribunales corren el riesgo de castigar “conductas que se encuentran cerca, pero en el lado permitido de la línea criminal”, escribió Breyer.

Para los abogados defensores, el fallo unánime envió un mensaje inequívoco.

“Este es un tiempo hiperpolarizado en Estados Unidos, y particularmente en la corte”, dijo Enlow. “Sin embargo, este fue un fallo de 9-0 que decía que el mens rea, o el estado mental del médico, es importante”.

Tal vez en ninguna parte la decisión de Ruan fue más apremiante que en el caso del doctor David Jankowski, un médico de Michigan que estaba en juicio.

Jankowski fue condenado por crímenes federales de drogas y fraude y enfrenta 20 años de prisión. En un anuncio del veredicto, el Departamento de Justicia dijo que el médico y su clínica suministraron a las personas “sin necesidad de drogas”, que se “vendían en las calles para alimentar las adicciones de los adictos a los opioides”.

La abogada defensora Anjali Prasad dijo que el fallo de Ruan llegٕó antes de las deliberaciones del jurado en el caso, pero después de que los fiscales pasaran semanas presentando el argumento de que el comportamiento de Jankowski no fue el de alguien que prescribe de manera razonable, un estándar legal que ya no es suficiente para convencer.

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Prasad citó la decisión de Ruan en una moción para un nuevo juicio, que fue denegada, y dijo que tiene la intención de utilizar la decisión como base para una próxima apelación. La abogada también dijo que está discutiendo con otros dos clientes sobre apelar sus condenas en base a Ruan.

“Espero que los abogados de defensa penal como yo estén más fortalecidos para llevar sus casos a juicio y que sus clientes estén 100% listos para luchar contra los federales, lo cual no es una tarea fácil”, dijo Prasad.

Algunos acusados ​​lo están intentando. Hasta ahora, algunos han obtenido pequeñas victorias. Y al menos uno sufrió una derrota aplastante.

En Tennessee, la enfermera practicante Jeffrey Young, acusada de intercambiar opioides por sexo y notoriedad para ser parte de un piloto de un reality show, retrasó con éxito su juicio de mayo a noviembre para dar cuenta de la decisión de Ruan, argumentando que “alteraría drásticamente el paisaje de la guerra del gobierno contra los que hacen recetas”.

También en Tennessee, Samson Orusa, un médico y pastor que el año pasado fue condenado por entregar recetas de opioides sin examinar a los pacientes, presentó una moción para un nuevo juicio basado en la decisión de Ruan, luego persuadió a un juez reacio a retrasar su sentencia durante seis meses. para considerarlo.

Y en Ohio, el doctor Martin Escobar citó el fallo de Ruan en un argumento de 11 horas para evitar la prisión.

En enero, Escobar se declaró culpable de 54 cargos de distribución de sustancias controladas, incluidas las recetas que causaron la muerte de dos pacientes. Después de la decisión de Ruan, Escobar intentó retirar su petición, diciendo que habría ido a juicio si hubiera sabido que los fiscales tenían que demostrar intencionalidad.

Una semana después, el día en que Escobar fue sentenciado, un juez federal negó la moción.

Su declaración de culpabilidad permaneció.

Escobar fue condenado a 25 años.